La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó a su suerte a nueve militares del Caso Ojinaga, Chihuahua, que le solicitaron intervenir por presuntas violaciones al debido proceso.
Lamentaron que tras una revisión a sus casos, a través de un visitador adjunto que acudió al penal militar número 5 en Mazatlán, Sinaloa, donde están recluidos, el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez no haya considerado como violaciones graves la prisión preventiva prolongada y la tortura de la que han sido víctimas.
«Ese criterio no es compatible con el de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde esos hechos son motivo de investigación y recomendación a los Estados miembros», señaló el Mayor de Infantería, Alejandro Rodas Cobón, en una carta enviada al periódico Crónica.
Rodas Cobón aseguró que este posicionamiento sistemático de la CNDH » hacia las clases bajas del Ejército como oficiales y tropa, únicamente favorece a las cúpulas y nos hace pensar que es cierto el secreto, la afirmación popular de que la CNDH solamente defiende intereses políticos y de los delincuentes».
Y agregó: «Ensañándose con los militares de bajo rango que se nos atribuyen delitos en cumplimiento de obligaciones que nos impusieron a las fuerzas armadas, en flagrante violación a la Constitución al obligarnos a desempeñar tareas que les corresponden únicamente a los policías».
El Mayor de Infantería afirmó que en abril pasado fueron entrevistados por el visitador adjunto de la CNDH, Benjamín Vergara Herrera, quien les dijo que las medidas a tomar sobre su caso dependerían de la decisión del titular del organismo, Luis Raúl González Pérez.
“Nos escuchó a nueve militares procesados y nuestras principales quejas fueron relacionadas con la prisión preventiva prolongada, nos dijo que presentaría el informe a sus superiores y que dependería del presidente de la CNDH las medidas que podrían adoptar”, sostuvo Rodas.
Expuso que los nueve están en prisión preventiva desde hace más de cinco años, lo que, aseguró, contraviene lo establecido en el artículo 20 constitucional que señala que los imputados por delitos graves deben ser juzgados antes de un año.
En su caso, precisó, el juez Décimo de Distrito de Chihuahua, René Ramos Pérez ha sido “omiso” para citar a los testigos militares solicitados y al exsecretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
“Algunos desde hace más de un año, es más la propia CNDH no ha enviado el oficio del protocolo de Estambul practicado al cabo, Gabriel Roque Bernardino y al soldado, Miguel Ángel Benítez Matías, quienes resultaron con secuelas de tortura física y psicológica. Ese documento es de gran importancia para mi defensa, ya que tanto Roque Bernardino como Benítez Matías declararon ante el juez de la causa que me incriminaron por esos actos de tortura ya demostrados” indicó.
