El Congreso del Estado instruyó a la Auditoría Superior para iniciar procesos administrativos y penales a los exalcaldes de Chínipas e Ignacio Zaragoza, Hugo Schultz y Florencio Franco, ambos del PAN; Javier González Mocken, de Juárez del PRI y Benjamín Ortiz Ahumada, del Partido del Trabajo, del municipio de Manuel Benavides.
Tras la revisión de las cuentas públicas del año 2016, del periodo de enero a octubre, el Legislativo dio vista a la Auditoría Superior del Estado, encargada de la fiscalización de los recursos municipales por diversas irregularidades en la realización de obra pública y en los egresos destinados al pago de nómina de los ahora exfuncionarios.
La Auditoría Superior del Estado revisó las cuentas del último año de gestión de las anteriores administraciones municipales, encontrándoles irregularidades a los exalcaldes que van desde pagos indebidos que recibieron hasta compra de bienes y realización de obras con sobreprecios.
Los exalcaldes tuvieron oportunidad de responder en el transcurso de este año a las observaciones de la ASE, pero no las solventaron, por lo que los resultados fueron turnados a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y posteriormente al pleno, donde se votaron por mayoría para instruir a la Auditoría Superior a someter a proceso administrativo a los señalados y presentar las denuncias penales y civiles correspondientes.
Las observaciones a Chínipas, Zaragoza y Manuel Benavides, corresponden a la revisión de su cuenta pública 2016, en tanto que la de Juárez está limitada exclusivamente a la auditoría del fideicomiso del Plan de Movilidad Urbana de Juárez.
En el caso de Juárez, el Plan de Movilidad Urbana, un proyecto de inversión de largo plazo bajo la modalidad público-privada, se señalan irregularidades de origen desde los primeros contratos en el año 2011, pero que se pagaron durante los años subsecuentes, incluso hasta 2016 que es el año en revisión.
El proyecto consta de obras por más de 2 mil 196 millones de pesos que se contrataron con financiamiento a 5 años, pero que deberían estar concluidas en tres meses y sufrieron retrasos de años, pese a lo cual se pagaron incluso en el último año de la gestión municipal anterior.
Entre otros señalamientos se establece que se ejecutaron o arrancaron sin terminarse 14 proyectos de obra más de los autorizados en el fideicomiso que aprobó el Congreso del Estado, con violaciones a diversas leyes que reglamentan la inversión pública en sus diferentes modalidades.
Tras las observaciones al Plan de Movilidad por parte de la Auditoría, el informe se turnó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, la cual emitió un dictamen firmado por el diputado panista Jorge Soto Prieto, la priista Isela Torres Hernández y el resto de los integrantes, quienes votaron a favor de que se regresara a la ASE, instruyéndola a que inicie los procesos correspondientes administrativos, civiles o penales. Por mayoría, el pleno del Legislativo aprobó el dictamen de la comisión, por lo que la Auditoría Superior deberá proceder en contra.
En cuanto a Chínipas, según el decreto del Congreso del Estado LXV/CTAPB/0471/2017 P.O, enviado para su publicación en el Periódico Oficial, la ASE detectó irregularidades por más de 10.5 millones de pesos en los últimos meses de la gestión del panista Hugo Schultz, quien ahora funge como director de Educación Indígena del Estado.
Tanto en las observaciones que hizo la ASE como en la revisión por parte de la Comisión de Fiscalización, Schultz tuvo oportunidad de responder y aportar pruebas a su favor, pero no se solventaron los señalamientos, por lo que el dictamen inicial, posteriormente aprobado por mayoría en el pleno del Congreso, establece la instrucción a la Auditoría Superior para proceder administrativa, civil o penalmente por los hechos que presuntamente constituyen varios delitos.
En la revisión de la cuenta pública 2016 del municipio de Ignacio Zaragoza, correspondiente a la gestión del panista Florencio Franco, se observaron por la Auditoría Superior del Estado y luego de avalaron por la Comisión de Fiscalización y por el pleno del Congreso, irregularidades en pagos de sueldos, indemnizaciones, compensaciones y diversas primas al entonces alcalde y a varios de sus funcionarios.
El daño al erario de Zaragoza se cuantificó en más de medio millón de pesos y aunque el exalcalde, al tener oportunidad de defenderse en la Comisión de Fiscalización ofreció regresar lo que se le pagó, se instruyó el comienzo de procesos en su contra y de los demás involucrados, de acuerdo a lo que marca las leyes relacionadas del Legislativo y su órgano fiscalizador, la Auditoría Superior, de acuerdo al decreto LXV/CTAPB/0453/2017 P.O.
En el caso del municipio de Manuel Benavides, las irregularidades atribuidas al exalcalde Benjamín Enrique Ortiz Ahumada, militante del Partido del Trabajo, superan los 700 mil pesos por la simulación en la contratación de empleados para diversas obras. Los supuestos trabajadores registrados en listas de raya, al ser entrevistados por los auditores informaron que jamás habían laborado en las obras que les atribuían y tampoco habían cobrado por ello, por lo que la investigación determinó que ese dinero se tomó del erario y se desvió para otros fines.
La cuenta pública 2016 de Benavides, con dichas observaciones, también fue enviada a la Auditoría Superior del Estado para que inicie los procedimientos correspondientes por la vía administrativa que le corresponde o con denuncias penales y civiles, según lo que se considere jurídicamente.
Al ser dictaminadas las auditorías realizadas por la ASE y votadas en el pleno, de inmediato se turnaron al ente revisor para que proceda a la brevedad contra los responsables.
