Las complicadas negociaciones sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han alcanzado uno de los temas de salud más importantes: el combate a la obesidad.
El gobierno estadounidense de Donald Trump, ante la insistencia de grandes empresas de alimentos y bebidas azucaradas de ese país, ha urgido que en las pláticas comerciales con México y Canadá se limite la capacidad de los tres países de advertir a los consumidores sobre los peligros de la comida chatarra, de acuerdo con documentos confidenciales que detallan la postura estadounidense.
Este es reflejo de una batalla cada vez más intensa entre oficiales comerciales, la industria alimentaria y gobiernos en todo el hemisferio. La posición de Estados Unidos al respecto podría reducir la presión contra fabricantes estadounidenses de incluir etiquetas más explícitas en sus productos tanto en Estados Unidos como en otros países. Los funcionarios y expertos en alimentos están preocupados de que eso impida los esfuerzos internacionales para contener una crisis de salud en crecimiento.
La obesidad se ha duplicado en por lo menos 73 países desde 1980. Muchos oficiales de salud pública, alertados por la propagación de alimentos altamente procesados, han puesto sus esperanzas en una nueva táctica: el uso de advertencias claras en alimentos con altos niveles de azúcares, sales y grasas.
Funcionarios en México y en Canadá —al igual que gobiernos en Brasil, Perú, Uruguay, Argentina y Colombia— han discutido opciones como el uso de colores, formas y otros símbolos de fácil comprensión para advertir a los consumidores de los riesgos a la salud. Tales propuestas han sido inspiradas en buena medida por la introducción de regulaciones en Chile, en 2016, que incluyen requisitos como sellos grandes de color negro al frente de algunos empaquetados.
La oficina del representante comercial de Estados Unidos, que encabeza la renegociación por ese país, pretende coartar esos impulsos. Ha fomentado limitar que algún integrante del TLCAN pueda requerir las advertencias al consumidor al frente de bebidas azucaradas y alimentos grasosos empaquetados, de acuerdo con el borrador de la propuesta que fue visto por The New York Times.
La provisión estadounidense establece que no debería haber ningún símbolo, forma o color que “denote de manera inapropiada que existe un daño por el consumo de comidas o bebidas no alcohólicas”.
Algunos expertos ven similitudes en la lucha sobre el etiquetado alimentario con la del combate al tabaco y a la oposición feroz y cabildeo que presentó esa industria contra poner etiquetas y advertencias sobre los efectos nocivos a la salud en las cajetillas. La postura del gobierno de Trump sobre el etiquetado alimentario muestra los deseos de una amplia coalición de fabricantes de bebidas y alimentos empacados en Estados Unidos.
La Grocery Manufacturers Association, un grupo industrial que forma parte de la junta de asesores para las conversaciones comerciales, dijo que está a favor de programas de etiquetado voluntario en vez de advertencias obligatorias. El grupo dice respaldar “un TLCAN modernizado que se asegure de que los estándares estén fundamentados en la ciencia, minimicen barreras innecesarias al comercio y beneficien a los consumidores en los tres países”.
La organización lucha contra la adopción del modelo chileno en más lugares. Roger Lowe, portavoz del grupo –cuya junta incluye entre sus miembros a ejecutivos de Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez International (que tiene marcas como Oreo, Chips Ahoy y las galletas Ritz)– dijo que le preocupan la “evidencia y el impacto” de las leyes chilenas.
Emily Davis, vocera del representante comercial estadounidense, indicó que no podía comentar sobre lo que llamó “presuntos documentos de negociación”. En general, dijo, “Estados Unidos apoya el etiquetado basado en datos científicos, que sea honesto y no engañoso”.
Los proponentes de etiquetados más explícitos dicen que la propuesta del gobierno de Trump y la presión empresarial que hay detrás podrían socavar los intereses de salud pública durante décadas.
“Es una de las formas más invasivas de interferencia industrial que hemos visto”, dijo Alejandro Calvillo, fundador del Poder del Consumidor, una asociación de salud pública en México que fue víctima de una herramienta de espionaje en 2016 cuando luchaba a favor de un impuesto a las bebidas azucaradas en México. “La colusión entre la industria y el gobierno no solo se da en los niveles de espiar, sino en cuanto a la renegociación del TLCAN y la propia política del país contra la obesidad”.
La propuesta estadounidense está en conflicto con las guías del Instituto Nacional de Salud Pública mexicano (INSP) y de la Organización Mundial de la Salud. Ambos han recomendado que México instaure regulaciones para combatir la diabetes, que cobra 80.000 vidas al año. Es una de las tasas más altas en todo el mundo y más del doble del número récord de homicidios que vivió el país en 2017.
La Secretaría de Salud de México, que está involucrada directamente en las negociaciones comerciales, dijo que estaba revisando la propuesta de Estados Unidos junto con las autoridades sanitarias de la nación.
Expertos en salud pública han enaltecido las reglas chilenas como un nuevo estándar. Incluyen una prohibición al uso de personajes caricaturescos como el Tigre Tony (también conocido como Tigre Toño en algunos países), pero se considera que los sellos de advertencia son la táctica más agresiva.
“Hemos demostrado que un mensaje sencillo y un símbolo es suficiente para comunicar que deberías consumir menos de ciertas comidas”, dijo la doctora Camila Corvalán, nutricionista de la Universidad de Chile y quien ayudó a desarrollar las medidas. “No hay nada engañoso sobre un sello de advertencia y claramente eso es lo que preocupa a la industria”.
Las empresas alimentarias han sido forzadas a tomar acción. Durante los últimos dos años, más de 1500 productos han sido reformulados para ser más saludables y evitar que lleven un sello, de acuerdo con AB Chile, asociación industrial de ese país.
Sin embargo, la aprobación de las regulaciones no se dio sin una pelea. Once países, encabezados por Estados Unidos, levantaron quejas sobre la propuesta ante la Organización Mundial del Comercio.
El gobierno chileno argumentó con éxito que las medidas eran una herramienta necesaria para luchar contra la creciente crisis de obesidad en esa nación. Hoy día, el éxito de Chile ha inspirado a los activistas en materia de nutrición alrededor del mundo, incluido México.
“El hecho de que la industria esté asustada es reconfortante, pero al mismo tiempo preocupa que el gobierno estadounidense intente defender la postura de la industria alimentaria”, dijo Corvalán.
Por lo menos veintitrés países utilizan alguna versión de información al consumidor al frente de las etiquetas. Algunas de las advertencias ya adoptadas o propuestas incluyen octágonos rojos o recuadros negros que llaman la atención según lo que reguladores alimentarios consideran nocivos; las imágenes son menos intensas pero cumplen una función similar a las de los paquetes de cigarrillos.
No obstante, los expertos en salud pública consideran que la mayoría de las etiquetas, excepto las de Chile, son poco efectivas.
“Las advertencias de Chile son la última frontera”, dijo Alexandra Jones, abogada en el George Institute for Global Health de Australia. “Representan potencialmente una intervención de salud pública mucho más efectiva: distanciar la gente de la comida chatarra que abunda”.
Aliviar alguna presión similar para advertencias más explícitas por medio de la negociación del TLCAN es algo especialmente atractivo para la industria de bebidas y alimentos porque puede limitar las regulaciones en Estados Unidos y prevenir un movimiento más global para adoptar estándares obligatorios de etiquetado.
“Es como matar una ley antes de que pueda ser escrita”, dijo Lora Verheecke, investigadora del Corporate Europe Observatory, grupo que monitorea esfuerzos de cabildeo. “Y ya que lo pones en un acuerdo comercial se puede convertir en precedente para todos los demás pactos futuros con otros países”.
En muchos casos la ley comercial le da a los gobiernos el derecho de establecer reglas en pos de la salud pública, según expertos, pero la propuesta estadounidense parece querer refrenar eso.
Jones, del George Institute, dijo que se han encontrado casos de política comercial usada para bloquear esfuerzos de etiquetado en Ecuador, Perú, Tailandia, Chile e Indonesia. Ecuador hizo avances como Chile, pero con un sistema menos agresivo, según Jones.
Tailandia e Indonesia sí parecen “haber desistido”, dijo. “Lo llamamos el ‘congelamiento regulatorio’”.
Una razón por la cual el sistema de sellos y etiquetados es visto como clave para los esfuerzos de reducir la obesidad es que los consumidores sí les hacen caso.
El sistema actual en México permite, pero no requiere, que se muestren recomendaciones de ingesta diaria de sales, azúcares y grasas. Pero son prácticamente “indescifrables para los consumidores” y “completamente inútiles para muchas personas”, dijo Jones.
Investigadores del INSP hallaron recientemente que solo el 17 por ciento de los consumidores se fijan o entienden el sistema de etiquetado nutrimental frontal que establece la ley.
En otra investigación, los científicos le pidieron a estudiantes universitarios que intentaran descifrar el sistema que en realidad requiere hacer varios cálculos para determinar cómo los productos pueden ser dañinos a la salud.
“Ni estos universitarios pudieron hacerlo”, dijo el doctor Simón Barquera, director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del instituto. Hace dos años, Barquera y otros iniciaron una campaña para aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas en el país. Se toparon con resistencia por parte de la industria y fueron víctimas de un software de espionaje que únicamente es vendido a gobiernos con la intención explícita de solo utilizarlo en combate al terrorismo y a criminales.
Para los activistas en materia de salud estos temas son cuestión de vida y muerte.
Las tasas de obesidad, diabetes y sobrepeso en México son de las más altas del mundo, por encima de todos los demás Estados miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Las tasas de obesidad se han triplicado en el país desde 1980.
Los mexicanos beben, en promedio, 167 litros de refresco cada año per cápita, mucho más de lo que se consideran tasas altas de consumo en Estados Unidos. En algunas zonas remotas del país hay mayor disponibilidad de bebidas azucaradas que de agua potable, una muestra de los retos a la salud que enfrenta el país.
