La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una serie de reveses a la reforma judicial impulsada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; sin embargo, los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura estatal libraron este lunes ser destituidos de su puesto.
Y es que, en medio de una discusión sobre la importancia de la independencia judicial, el pleno de la SCJN se quedó a sólo un voto de aprobar el cese de todos los integrantes de la Judicatura local.
Lo anterior luego de que el ministro Arturo Zaldívar propuso a sus compañeros que, para actuar en congruencia con otras resoluciones como la que ordenó la salida del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, debían ser destituidos los consejeros.
“Mi opinión personal sería que reasumieran los anteriores, pero tenemos que ser congruentes con lo que se votó en el asunto del presidente del Tribunal Superior; de tal suerte, que entendí la propuesta del ministro presidente en el sentido de que cesan en sus funciones y que el tribunal actúe conforme corresponda, tampoco creo que sea una cuestión que nosotros ordenemos algo en este sentido, simplemente que se proceda conforme a la ley”, expuso Zaldívar.
Sin embargo, solamente siete ministros, de ocho necesarios, respaldaron la propuesta por lo cual no se alcanzaron los votos suficientes para separar de su cargo a la actual conformación del Consejo de la Judicatura de la entidad.
Durante la sesión de este lunes, la SCJN también invalidó la atribución del Consejo de la Judicatura local, para aumentar o disminuir la integración del Tribunal Superior de Justicia del estado, así como del Consejo, mediante acuerdo de mayoría de sus miembros con motivación y justificación objetiva.
Finalmente, en cuanto a la imposibilidad para recurrir ante el Pleno de Tribunal Superior de Justicia las resoluciones del Consejo de la Judicatura, como lo señala el artículo 106, párrafo quinto, los ministros de la SCJN determinaron su invalidez.
Ante esto, la Corte señaló que el Congreso del Estado de Chihuahua deberá legislar en un plazo de 90 días, para establecer un recurso que pueda ser promovido en contra de las resoluciones del Consejo de la Judicatura, ante el Pleno del Tribunal Superior del Estado de Chihuahua.
