CIUDAD DE MEXICO.-La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, no habrá nuevos impuestos, aumento a los precios de las gasolinas, ni aumentos a los gravámenes vigentes.
En un comunicado, la bancada mayoritaria dijo que la distribución del gasto público se orientará bajo los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción.
En este sentido, afirmó que los legisladores de Morena votaron a favor de un Presupuesto en el que no habrá ni un peso para “moches” y se garantizará que los recursos de los 25 programas sociales prioritarios lleguen directamente a los beneficiarios.
“El PEF 2019 brinda al Gobierno Federal un gasto de cinco billones 838 mil millones de pesos para 2019, y la prioridad será el bienestar de la población y de las familias mexicanas”, puntualizó.
Destacó que uno de los puntos destacables del PEF es la austeridad republicana, la cual se refleja en el nivel de gasto propuesto para servicios personales y para gasto de operación de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Además se eliminaron las pensiones a los ex presidentes, los altos salarios de los servidores públicos, el derroche y los dispendios; se redujo el presupuesto en la mayor parte de las dependencias del gobierno federal; disminuyeron los recursos en la totalidad de los Ramos autónomos como el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Señaló que en este Presupuesto se establece que el financiamiento de los proyectos prioritarios será posible a partir de los ahorros obtenidos en servicios personales y en los gastos de operación de los ramos administrativos, así como de la revisión de los programas sociales existentes.
Durante la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron algunas reservas, entre ellas, una modificación al Anexo 23.5.2, a fin de fijar las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entraron en funciones desde el año de 2010.
También se aprobó otorgar mayores recursos a la Secretaría de la Función Pública para que disponga de las herramientas necesarias a fin de investigar la conducta de todos los servidores públicos, con imparcialidad e independencia.
