TIJUANA.-Las autoridades mexicanas han alertado a las inmigrantes centroamericanas refugiadas en la ciudad fronteriza de Tijuana a la espera de obtener asilo en Estados Unidos que vigilen con cuidado a sus hijos porque se han producido reportes de intentos de secuestros y compra de menores.
Casi 600.000 migrantes han sido interceptados en los últimos ocho meses en la frontera, en su mayoría centroamericanos que pretendían solicitar asilo. Las familias con hijos y los menores no acompañados obtienen un trato preferente, que se traduce por ejemplo en un tiempo reducido de encarcelamiento.
Así, el Departamento de Seguridad Nacional ya había denunciado desde hace meses que hay adultos que se hacen pasar por familias, alquilando en el mejor de los casos a menores que fingen ser sus hijos.
Es lo que presuntamente hizo, por ejemplo, Maynor Velásquez Molina, un hombre guatemalteco acusado de pagar 130 dólares a una familia para que le permitieran usar a su hijo de ocho años para cruzar la frontera. Pagó además otros 130 dólares por un certificado de nacimiento falsificado.
Entraron así por Lukeville (Arizona) el 18 de febrero en un grupo de más de un centenar de inmigrantes, enseñando el certificado que, cuatro días después, los agentes determinaron falso. El hombre confesó entonces que “buscó a un niño en Guatemala para cruzar la frontera de México a Estados Unidos con él porque le habían dicho que era más fácil entrar así”, según la denuncia en su contra.
La denuncia de las autoridades migratorias estadounidenses se ha visto ahora refrendada por la advertencia de los responsables de refugios mexicanos en los que los migrantes aguardan su momento de obtener asilo al otro lado de la frontera.
“No puedo ir a trabajar porque no puedo quitar los ojos de mis niños”, ha explicado Antonia Portillo Cruz, hondureña de 44 años, al diario The San Diego Union-Tribune.
Denuncia haber visto a varios hombres preguntar a mujeres del refugio en el que vive, en la iglesia Embajadores de Jesús, sobre la posibilidad de comprar a sus hijos, aunque ella, añade, no ha recibido ninguna oferta directa.
Según cuenta, el precio ofrecido son 7.000 pesos (350 dólares). Portillo teme por sus dos niños, de 10 y ocho años, por si las ofertas se convierten en secuestros.
“Quieren robar a nuestros hijos para poder cruzar a Estados Unidos”, denuncia enfadada.
Un portavoz de la policía municipal de Tijuana ha confirmado al citado diario estos informes, asegurando que las autoridades federales están investigando.
El pastor Gustavo Banda, del refugio Embajadores, ha explicado que las familias están aterrorizadas, vigilando a sus niños y manteniéndolos a cubierto en todo momento.
“Estos son casos de desesperación”, explica, “por supuesto, las mujeres no han aceptado ninguna de estas ofertas, pero está claro que se trata de una preocupación grave por el peligro para los niños”
El refugio de Banda está ahora cerrado con candado, y a los niños no se les permite salir sin vigilancia. Advierte además de que algunos hombres ofrecen también dinero a madres solas para aparentar que son familia.
El Departamento de Seguridad Nacional ha puesto en marcha un programa piloto “sin precedentes”para hacer pruebas genéticas de ADN a las familias de inmigrantes que piden asilo en la frontera mexicana, tratando de evitar así estos fraudes.
Sin embargo, los primeros resultados han mostrado que el índice de fraude es muy reducido, según ha reportado el diario Washington Examiner.
De todas las familias que cada mes llegan a la frontera solicitando asilo, sólo se ha sometido a pruebas de ADN a aquellas que los agentes migratorios consideraban sospechosas de cometer fraude. Y de ellas, en sólo el 30% de los casos estas pruebas demostraron que los niños que decían que eran sus hijos no lo eran.
El citado diario, cuya línea editorial es muy dura con los inmigrantes, no detalla ningún otro dato, como por ejemplo cuántas pruebas se hicieron. Si explica que el programa piloto duró unos pocos días a principios de mes y sólo se realizó en McAllen y El Paso (Texas).
La cadena CNN informa de que fueron 562 las familias sospechosas de fraude (por sus documentos o por la entrevista realizada) las que se sometieron a este programa piloto. En algunos casos, fueron los propios inmigrantes los que admitieron el engaño al avisárseles de que deberían pasar la prueba de ADN.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, este tipo de fraudes se incrementó un 315% entre octubre de 2017 y febrero de 2018. Sin embargo, esta cifra puede ser un espejismo estadístico (pasar de un caso a tres supone un incremento similar, pero el número de casos total sigue siendo muy bajo).