La medida, anunciada en julio sin que se haya aplicado aún, permitiría la repatriación rápida de personas que tengan menos de dos años viviendo en Estados Unidos sin autorización legal
SAN DIEGO (AP) .-Una jueza federal bloqueó una medida del gobierno del presidente Donald Trump que pretende ampliar la autoridad de los agentes de inmigración a nivel nacional para deportar por la vía rápida a inmigrantes sin permitirles comparecer ante jueces, el tercer revés jurídico en un día contra la agenda de inmigración del mandatario.
La medida, anunciada en julio sin que se haya aplicado aún, permitiría la repatriación rápida de personas que tengan menos de dos años viviendo en Estados Unidos sin autorización legal. En la actualidad, las deportaciones exprés están restringidas principalmente a personas arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.
La jueza federal Ketanji Brown Jackson señaló el viernes por la noche en su fallo en Washington que la expansión del gobierno federal de la autoridad para efectuar “deportaciones expeditas” viola los requisitos procesales de solicitar primero el comentario público e ignoró las deficiencias en la manera como se ha aplicado a menor escala en la frontera. Las deficiencias mencionadas, que los abogados del gobierno no impugnaron, incluyen denuncias de que algunos migrantes con derecho a radicar en el país han sido sometidos a procesos de deportación y que en muchos casos no se facilitaron traductores. Además las autoridades cometieron “flagrantes errores” cuando grabaron las declaraciones de migrantes que manifestaron su temor a enfrentar persecución o tortura de ser devueltos a sus países de origen.
“Con respecto a la política en cuestión aquí, la posible devastación es tan obvia que (el Departamento de Seguridad Nacional) puede ser culpada justamente por su inexplicable fracaso para predecir, e intentar mitigar, los futuros flujos totalmente previsibles”, escribió Jackson.
La jueza, nombrada por el presidente Barack Obama, no se ha pronunciado sobre los méritos del caso, pero su decisión impide al gobierno ampliar a nivel nacional la autoridad para efectuar deportaciones expeditas mientras prosiga el juicio.
