Organizaciones alistan mitin frente a Palacio Nacional para solicitar al Ejecutivo que en su propuesta de amnistía se incluya un apartado para militares; acusan que hay alrededor de 700 elementos encarcelados con «causas plagadas de errores procesales»
Organizaciones sociales pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a militares presos injustamente durante la lucha contra el narcotráfico.
Actualmente hay alrededor de 700 elementos del Ejército encarcelados en el país, la mayoría de ellos con «causas plagadas de errores procesales y faltas graves a los derechos humanos», acusaron el Colectivo Rompiendo Cadenas y el movimiento «Yo soy 26«.
Anunciaron que este lunes realizarán un mitin frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino, para solicitar al Ejecutivo federal que en su propuesta de amnistía, que envió a la Cámara de Diputados en septiembre pasado, se incluya un apartado para militares y una Comisión de la Verdad para que sus casos sean revisados, ya que «la mayoría llevan 12 años en prisión preventiva aún sin sentencia».
«Incriminados en el ejercicio de funciones de seguridad pública y castrense. (Solicitamos) se considere la figura del indulto a los militares sentenciados mediante procesos irregulares, asimismo se considere la absolución total y la reparación del daño por prisión injusta», señalaron.
También exigen que los militares encarcelados en prisiones civiles sean trasladados al Campo Militar Número 1, «ya que en la prisiones civiles se encuentra en riesgo su integridad física y no se les permite leer sus expedientes para ejercer su adecuada defensa, por lo que están violando sus derechos humanos».
Ante esto, denunciaron que el Código de Guerra se aplica en tiempos de paz, «lo que deja en la indefensión a los militares en ejercicio de sus funciones».
Entre los encarcelados, se encuentran el mayor Alejandro Rojas Cobón; sargento, Alberto Alvarado Vázquez; y el cabo, Gabriel Roque Bernardino, quienes formaron parte del llamado “Pelotón de la Muerte” de Ojinaga, Chihuahua, al mando del entonces comandante de guarnición el general, Manuel de Jesús Moreno Aviña, preso por ordenar abusos contra la población.
Se trata de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) acusada de siete homicidios, tortura y robo entre 2008 y 2009 en dicho municipio fronterizo con Texas en el marco de la operación conjunta Chihuahua contra el narcotráfico ordenada por el entonces presidente, Felipe Calderón.
Lo que ellos piden, asguran, es defenderse de las acusaciones o ya ser sentenciados.
El caso Ojinaga permaneció sólo tres años en el fuero militar, ya que los inculpados obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para trasladarlo al ámbito civil bajo el argumento de que los jueces civiles “actuarían con imparcialidad y no por consigna, como lo es en el fuero militar”.
Juzgar a militares en juzgados civiles es una de las peticiones centrales de muchos organismos ciudadanos de defensa de los derechos humanos. En el caso Ojinaga, así se hizo, pero la inoperancia de la justicia parece prevalecer.
Desde enero de 2012 el caso es desahogado en los juzgados Segundo y Décimo de Distrito radicados en la ciudad de Chihuahua.
