Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron el decreto elaborado por la Comisión Segunda de Gobernación, que tiene a bien enviar al Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los servicios de salud sean gratuitos.
Esto, fue presentado ante el Pleno por la legisladora Rosa Isela Gaytán Díaz, vocal de la Comisión Legislativa y quien mencionó que estas acciones serán posibles al concretar una reforma en el Artículo Segundo de la Constitución Federal.
En este sentido, dijo que al realizar el análisis correspondiente de la iniciativa presentada por el diputado Omar Bazán Flores del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional el pasado 22 de enero del 2019, mismo que se encontró impedimento para el presente asunto y dado a que se rige al impulso de la dignidad humana.
“Es un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. El derecho a la salud para todas las personas significa que todas y todos deben tener acceso a los servicios de salud que necesitan, cuando y donde lo necesiten, sin tener que hacer frente a dificultades financieras”, determinó en tribuna.
Además, refirió que en la Ley General de Salud, en su calidad de norma reglamentaria constitucional que regula un derecho humano reconocido explícitamente en la Carta Magna, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, mismo que menciona que debe de satisfacer de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población.
“El Estado debe satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, en especial, la de las poblaciones en riesgo y que no están en igualdad de circunstancias. El Estado redistribuye la riqueza, y al mismo tiempo presta servicios públicos, cuyos fines son conseguir una vida digna”, añadió.
Por último, concretó que la Comisión Legislativa, consideró procedente cada uno de los argumentos de la iniciativa, misma que refirió como respaldada por la legislación internacional, también finalizó al expresar que se busca un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos.
