CHIHUAHUA.- Los alcaldes de Conchos, López, Coronado, Santa Bárbara y Aquiles Serdán presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional un recurso de controversia constitucional contra las acciones del gobierno federal por la extracción de agua en la presa La Boquilla. Por su parte, el diputado y dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la directora de CONAGUA y quien o quienes resulten responsables por el probable delito de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS por realizar acciones de gestión y disposición del agua nacional sin cumplir con lo previsto en la Ley, al no citar ni convocar a participar en la toma de decisiones a los municipios integrantes de la cuenca, ni a los usuarios y productores de la misma, afectando gravemente el derecho al agua para uso agrícola en la entidad Los alcaldes priistas Jaime Ramírez Carrasco de San Francisco de Conchos; Oscar Galván Neri de López; Refugio Soto Terrazas de Coronado; José Antonio Bilbao Martínez de Santa Bárbara y Héctor Ariel Fernández Martínez de Aquiles Serdán, promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de Controversia Constitucional y demanda contra servidores públicos federales por diversas omisiones y violaciones a la Ley de Aguas Nacionales.
Entre otros argumentos para lograr que cese la extracción de agua en La Boquilla por parte de CONAGUA, destacaron que no hay un Plan Hídrico de la Cuenca Hidrológica en el que se haya dado la participación debida y obligada a los municipios y productores de la Cuenca Bravo-Conchos.
En el caso de la denuncia del diputado Omar Bazán ante la Fiscalía General de la República contra directivos de la Comisión Nacional del Agua, es por incumplir con su obligación de promover la participación de las autoridades estatales y municipales y asegurar la instrumentación de los mecanismos de participación de los usuarios de la cuenca y las organizaciones de la sociedad, en la formulación, aprobación, seguimiento, actualización y evaluación de la programación hídrica de la cuenca.
En estas condiciones, considera Omar Bazán, resulta responsabilidad directa a quienes integran la Comisión Nacional del Agua cuya Directora General es la señora Blanca Jiménez Cisneros y al Consejo de Cuenca del Río Bravo, por realizar acciones de gestión y disposición del aguan nacional sin cumplir con lo previsto en la Ley, al no citar ni convocar a participar en la toma de decisiones a los municipios integrantes de la cuenca, ni a los usuarios y productores de la misma, afectando gravemente el derecho al agua para uso agrícola en la entidad, que debe ser considerado como un derecho humano conforme al artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha responsabilidad podría configurarse como el delito previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal, al tomar medidas contrarias a una Ley y además violar derechos humanos como consecuencia de ello:
Artículo 216.- Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.
Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito.
El diputado Omar Bazán dijo que aún está en análisis la denuncia que presentó en febrero, en la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal por el manejo irresponsable y omisiones de CONAGUA en el conflicto por la extracción de agua en las presas de Chihuahua. Existe un gran opacidad en el manejo de los recursos hídricos de la cuenca del Río Bravo y sus afluentes, que ha venido perjudicando a los productores agrícolas del estado afectando sus ciclos de riego, por lo que no se les ha dado la prioridad que el tratado de 1944 previó, ni se han aplicado las restricciones de pago de agua en época de sequía, pues básicamente el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, administra las presas que se encuentran en nuestra entidad sin coordinación alguna con el Ejecutivo del Estado, pero principalmente omitiendo dar participación a los municipios que se ven afectados, principalmente Delicias, Camargo, Ojinaga, Meoqui y Aldama entre otros.
No existe un estudio técnico en la Comisión Internacional de Límites y Aguas sobre la situación de sequía que padece el estado de Chihuahua, ni sobre el derecho de preferencia de los productores del Estados y sus necesidades de agua para garantizar los ciclos agrícolas.
Tampoco transparencia en los volúmenes de agua que se utilizan de los afluentes de Chihuahua para pagar agua a los Estados Unidos de América a fin de determinar si el Ejecutivo Federal dispone agua de los afluentes de Chihuahua para proporcionar agua a otras cuencas de otras entidades del República, con el fin de que se compense y se indemnice en este caso a los productores agrícolas de nuestro Estado cuando por esas acciones se vean afectados sus ciclos agrícolas, argumentó el también dirigente estatal del PRI.
