En una carta fechada el 9 de octubre último, un grupo de expertos de la ONU solicitó al gobierno de López Obrador cambiar o dejar sin efectos los aspectos del acuerdo presidencial que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales y que son contrarias a los derechos humanos.
GINEBRA. – Con el fin de que el Estado mexicano cumpla con las convenciones y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique o anule aspectos del acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
En una carta fechada el 9 de octubre último –a la cual Proceso tuvo acceso– el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, y el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, pidieron al gobierno mexicano que aclare los puntos del acuerdo presidencial que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas castrenses.
En particular, la ONU urge a México a derogar el aspecto que impide que se cumpla con la temporalidad máxima del despliegue de las Fuerzas Armadas por cinco años y destaca la necesidad de que establezca “una ruta de salida que materialice su retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las tareas que no les son propias”.
El grupo de especialistas critica el acuerdo mexicano, en vigor del 12 de mayo último hasta el 27 de marzo de 2024, por carecer de información que permita evaluar que opera con estándares internacionales en materia de los derechos humanos.
También denuncia que la Guardia Nacional actúa de facto como cuerpo militar, porque sus elementos provienen de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina “en un contexto del uso sistemático de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que implica la comisión de delitos atroces, como tortura, violación sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, cometidos en el marco de la política de seguridad de combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
El 23 de octubre reciente, el gobierno de México respondió, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a las críticas de la ONU, pero no aclara temas clave que los expertos señalaron.
