Los programas tienen una fecha de vigencia y no se cumplen, comentó Antonio Moisés Morales, presidente de la AMDA en Chihuahua.
CHIHUAHUA. -Al ampliarse una vez más el plazo para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera, se advierte que el decreto continuará en 2024 con propósitos electorales, sostuvo Antonio Moisés Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Chihuahua.
Expuso el líder de los distribuidores de automotores que el decreto que inició en enero 2022 para la regularización de autos de procedencia extranjera que contemplaba seis meses, con la nueva ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre que anunció la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, el programa sumará 21 meses.
En este sentido, Moisés Morales manifestó su desacuerdo en primer término, dijo, en relación a que los programas tienen una fecha de vigencia y no se cumplen, lo que no genera confianza en el Gobierno federal y en segundo lugar, por la incertidumbre de cuándo concluirá el decreto.
Esto aunado, dijo, a que preocupa que se está entrando en una época electoral y para el sector empresarial estos programas no tienen otro fin más que la compra de votos.
Para el Presidente de AMDA las consecuencias de que circulen más autos usados de procedencia extranjera las pagan todos los ciudadanos, pues transitan por la calles vehículos inseguros que pudieron haber sido catalogados como pérdida total en otros países, además de afectar el patrimonio de familias pues los precios de los autos usados nacionales caen debido a la sobreoferta de vehículos de similar año y modelo.
“La inconformidad no es tanto en relación a las ventas perdidas en las agencias automotrices, sino la afectación a los ciudadanos, al medio ambiente y al impacto al precio de los autos usados, ahí está nuestro descontento”, reiteró.
En tanto, Guillermo Rosales, presidente nacional de la AMDA, señaló que la entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización.
Explicó que en tres días, el próximo 30 de junio concluiría tal disposición, pero no será así; el problema ahora es que hay más unidades de las que había antes del 19 de enero de 2022 en situación de irregularidad esperando su legalización, cuando se publicó el decreto.
Esta será la quinta ampliación, ya que inicialmente el Decreto contemplaba concluir el 20 de julio de 2022.
“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos en contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, destacó.
Guillermo Rosales señaló que “es grave que el Registro Público Vehicular no verifique el cumplimiento de lo exigido en el Decreto respecto a regularizar sólo vehículos que se encontraran ilegalmente en el país antes del 19 de octubre de 2021, así como no regularizar aquellos que esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México; o que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables”.
Con este nuevo anuncio, apuntó Rosales Zárate, se cumplió el principal temor de los distribuidores de automotores en cuanto a que el Decreto continuará, incluso, hasta finales del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que seguirá alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz.
“Es preocupante que en la recta final del actual Gobierno de la República seguimos esperando el diálogo para desarrollar políticas públicas en favor del financiamiento automotriz y profundizar un programa de renovación del parque vehicular”, dijo.
“La meta de eficiencia energética es vulnerable para el país al seguir permitiendo la penetración de vehículos siniestrados y sin las medidas de seguridad adecuadas comprometiendo la integridad física de los ciudadanos”, aseguró Rosales Zárate.
En opinión de la AMDA, el actual proceso de regularización de vehículos de desecho nulifica los objetivos planteados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el proyecto de “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica” publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 20 de junio.
