BUENOS AIRES. Miles de integrantes de la principal central sindical y de organizaciones sociales de Argentina se manifestaban el miércoles ante la sede del Poder Judicial en contra del decreto del presidente Javier Milei que desregula la economía y contempla reformas laborales que consideran desfavorables para los trabajadores.
Durante la jornada de protesta, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará presentaciones judiciales en contra del decreto anunciado la semana pasada por el mandatario, un economista de perfil neoliberal que ha prometido drásticas reformas para enderezar la economía y atajar la inflación que se encamina a una tasa de 200% a fin de año.
La central sindical realizó la víspera un pedido ante la justicia solicitando la suspensión de las modificaciones al régimen del trabajo contempladas en el decreto, pero el juez laboral José Ignacio Ramonet la rechazó el miércoles al considerar que el decreto todavía no se encuentra vigente y no existen razones “graves y objetivamente impostergables… que habiliten el dictado de una medida cautelar interina”.
El desarrollo de la protesta es monitoreado por el gobierno mediante un severo protocolo de seguridad que anunció recientemente y que prohíbe el corte de las vías públicas. “La calle no se corta y manifestarse tiene que ser una acción libre, el que las hace las paga”, dijo al respecto el portavoz presidencial Manuel Adorni a periodistas.
Además de la CGT, participan en la protesta en la plaza situada frente al Palacio de Justicia —sede del Poder Judicial y la Corte Suprema — las dos ramas en que se divide la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda.
El decreto, que entraría en vigor el viernes, contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado desde hace décadas. En materia laboral, introdujo cambios que desafían el poder de los sindicatos y modificaciones a la legislación que hasta ahora ha favorecido a los trabajadores.
Por un lado restringe el derecho a huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.
Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la Republica Argentina (UOCRA), cuestionó que Milei se arrogue facultades del Poder Legislativo con este paquete de reformas.
“Nosotros no cuestionamos la legitimidad que pueda tener el presidente y lo respetamos, pero queremos un mandatario que respete la división de poderes, que entienda que los trabajadores y trabajadoras tienen la necesidad de defenderse individualmente y en dentro del marco de la justicia cuando hay una inconstitucionalidad”, afirmó Martínez.
El decreto ha generado varias denuncias y puede toparse con obstáculos en el Congreso donde el partido de Milei, La Libertad Avanza, tiene una muy acotada representación.
Grupos civiles han denunciado en la justicia que el decreto es inconstitucional porque avanzaría sobre facultades del Congreso y contendría disposiciones que no estarían justificadas dentro de un contexto de “circunstancias excepcionales”, que habilitarían su elaboración por parte del Ejecutivo.
La norma deberá ser analizada en los próximos días en una comisión legislativa bilateral que emitirá un dictamen, el cual pasará a ser debatido por el pleno de ambas cámaras en una fecha que no está determinada.
Milei cuestionó a los sectores que se oponen al decreto en una entrevista periodística brindada la víspera. «No tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman”, sostuvo.
“Ojo con los que se ponen a discutir la coma, porque están buscando coimas (sobornos)”, dijo el presidente sobre los legisladores que cuestionan la iniciativa, lo cual generó una oleada de críticas en su contra.
El decreto sí cuenta con el apoyo de la Asociación Empresaria Argentina —que reúne a los principales empresarios del país—, la cual lo calificó como “una oportunidad histórica” porque apunta a combatir “el tamaño excesivo del Estado” y las “muy negativas consecuencias” que han tenido los déficits en cuentas públicas durante décadas.
Los empresarios cuestionaron que el sector privado haya estado sometido “a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior”.
