De acuerdo con The New York Times, el mandatario autorizó en secreto al Pentágono a usar fuerza militar contra los cárteles que ya fueron designados como organizaciones terroristas.
El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva para que el Pentágono comience a emplear fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por el diario The New York Times.
La medida, la más agresiva hasta ahora en la campaña de su gobierno contra el narcotráfico, marca un cambio sustancial: trasladar a las Fuerzas Armadas una tarea que históricamente ha sido responsabilidad de las agencias policiales, con el objetivo de frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden ofrece una base oficial para ejecutar operaciones militares directas tanto en el mar como en territorio extranjero contra estos grupos. Funcionarios militares ya trabajan en opciones para llevar a cabo estas acciones, de acuerdo con personas que pidieron anonimato para discutir deliberaciones internas.
Objetivo en Venezuela y México
Hace dos semanas, su administración agregó al Cártel de los Soles a la lista de grupos terroristas globales, acusando al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderarlo. El jueves, los Departamentos de Justicia y Estado anunciaron que la recompensa por su captura se duplicaría a 50 millones de dólares. “No escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”, dijo la fiscal general Pam Bondi.
Durante los primeros meses de la administración Trump, se designaron a los primeros cárteles como grupos terroristas. En México, destacan el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, defendió la medida afirmando que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria”. Históricamente, las operaciones militares en Latinoamérica contra el narcotráfico se han presentado como apoyo a la policía local, con limitaciones legales. En 1989, la invasión a Panamá para capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, fue condenada por la ONU como “una flagrante violación del derecho internacional”.
En los años noventa, la cooperación militar con Colombia y Perú para identificar vuelos sospechosos derivó en derribos aéreos, lo que llevó a suspender el programa y a modificar la ley. Actualmente, la Ley Posse Comitatus prohíbe que el ejército asuma funciones policiales dentro de Estados Unidos salvo excepciones. La nueva directiva plantea un enfoque más agresivo: capturar o eliminar directamente a personas vinculadas con el narcotráfico. “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas”, afirmó Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.
No obstante, los especialistas subrayan que la designación como “terroristas” no autoriza automáticamente el uso de fuerza letal. Durante su primer mandato, Trump llegó a proponer bombardear laboratorios en México, idea rechazada por el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, y que generó tensión diplomática con México.
Reacciones y estrategias
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, matizó la nota del Times ante la decisión secreta de Trump, y afirmó que su decisión solo aplicará dentro de su territorio.
«No tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, no tiene que ver con nuestro territorio, sería al interior de Estados Unidos», añadió Sheinbaum en su conferencia de prensa.
El contralmirante retirado James E. McPherson, consultado por el Times, señaló que usar fuerza militar sin el consentimiento del país afectado sería “una importante violación del derecho internacional”, salvo excepciones muy específicas. En abril,
Trump propuso a Sheinbaum, permitir operaciones militares conjuntas en territorio mexicano ante alertando sobre que el país esté controlado por el narcotráfico, propuesta que fue rechazada.
Paralelamente, Estados Unidos ha intensificado operaciones encubiertas con drones para localizar laboratorios de fentanilo en México, un programa iniciado bajo la administración Biden y expandido bajo Trump. Aunque no se han autorizado ataques letales con estos drones, la información recabada se comparte con autoridades mexicanas. El Comando Norte del ejército estadunidense también ha aumentado la vigilancia aérea en la frontera, con más de 330 vuelos de reconocimiento este año, incluyendo aeronaves como U-2, RC-135 Rivet Joints y P-8.
La presión para ampliar el alcance de la lucha antidrogas ha llevado a Washington a mirar también hacia Haití, donde una coalición de bandas ha contribuido a la crisis política y de seguridad.
