La llamada Ley Anti-Memes, presentada por el diputado de Morena Armando Corona Arvizu, busca reformar el Código Penal Federal para sancionar con cárcel y multas a quienes creen o difundan imágenes, videos o audios manipulados digitalmente sin consentimiento.
La propuesta incluye memes, stickers y deepfakes generados con inteligencia artificial cuando tengan fines de ridiculizar, acosar o dañar la reputación de una persona. Las penas irían de tres a seis años de prisión, con aumentos si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o servidor público.
La iniciativa ha encendido alertas entre especialistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes advierten que los términos “ridiculizar” o “dañar la reputación” son ambiguos y podrían usarse para censurar la sátira política o el humor en redes sociales.
Críticos señalan que al establecer sanciones más severas cuando la víctima es un servidor público, la reforma podría convertirse en un blindaje para políticos frente a la crítica ciudadana, en un país donde el meme se ha consolidado como una de las principales herramientas de expresión digital.
