El Gobierno federal elevará de 65 a 68 años la edad mínima para acceder a lo que ahora se llamará Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se convertirá en la pensión universal no contributiva que el ex Presidente Enrique Peña Nieto no logró crear por vía de una nueva ley.
«A partir de 2019, la nueva administración federal crea la pensión universal no contributiva, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con un monto de mil 275 pesos mensuales, mismos que se entregarán en forma bimestral», afirma la Secretaría de Bienestar, en las Reglas de Operación para el nuevo programa, enviadas este martes a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
La edad mínima anterior, que era de 65 años, solo aplicará para indígenas y personas de 65 a 67 años que ya estaban inscritas en lo que se conocía como Programa Pensión para Adultos Mayores.
En 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de Ley de la Pensión Universal, que proponía pagar mil 92 pesos mensuales a todo adulto mayor de 65 años que no tuviera alguna otra pensión o jubilación.
El actual Gobierno eliminará por completo el requisito de no ser beneficiario de otras pensiones, es decir, jubilados en regímenes del IMSS y el ISSSTE también podrán acceder a este apoyo.
El presupuesto en 2019 para esta pensión es de 100 mil millones de pesos, de los que 3.61 por ciento, es decir, 3 mil 610 millones, serán para el gasto de operación, indican las Reglas.
Los 100 mil millones son casi el triple que los 38 mil 40 millones asignados en 2018, y superan los recursos de todas las demás secretarías de Estado, salvo Educación Pública y Salud.
El proyecto de Peña, que también creaba un Seguro de Desempleo, nunca fue aprobado por el Congreso, pero sus principios básicos se aplicaron en el programa de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social.
Las nuevas Reglas indican que esta pensión se combinará con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da becas de un año a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, para que se capaciten para convertirse en cuidadores de los beneficiarios, en particular de las mujeres.
«La integración del padrón se realizará a partir de los levantamientos de información realizados en campo por los Servidores de la Nación, Padrón Activo de Beneficiarios y de la información que para tal efecto puedan brindar las Instituciones públicas que atiendan a los adultos mayores», dicen las nuevas Reglas.
Además, la promoción del Programa y registro de personas se deja a las Delegaciones de Programas para el Desarollo, los llamados superdelegados que representan directamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados, y se crea un Comité Técnico para supervisar la pensión, presidido por la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano.
En enero pasado, Bienestar había enviado a Conamer un proyecto que solo reformaba las Reglas de Operación del programa anterior.
Para gastar los 96 mil 390 millones de pesos disponibles (descontando gasto de operación), se requiere que 6.3 millones de adultos mayores cobren la pensión, que suma 15 mil 300 pesos anuales.