El Gobierno de Enrique Peña Nieto pretende imponer una represalia económica al pueblo chihuahuense, luego de que como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, se vinculó a proceso por el delito de peculado agravado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex funcionario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, informó el gobernador Javier Corral Jurado.
El mandatario estatal detalló en conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, que la represalia fue comunicada directamente por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya y consiste en no transferir a Chihuahua recursos ya convenidos para el saneamiento financiero, por 700 millones de pesos, dentro de un programa que únicamente excluyó a nuestra entidad en todo el país.
“Hemos roto el pacto de impunidad que trasciende las fronteras del Estado de Chihuahua, y quieren hacernos pagar las consecuencias. Yo no voy a ceder ante las represalias y los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias porque no lo hago en defensa mía, ni del Gobierno del Estado, lo hago en defensa de la soberanía, de la dignidad, de la grandeza del pueblo de Chihuahua”, expresó el gobernador.
Javier Corral solicitó públicamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que rectifique de inmediato esta determinación en el marco de la relación institucional que debe caracterizar el manejo de la hacienda pública y los principios de convivencia democrática al que todos los mexicanos aspiran.
“En suma, el gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el Gobierno Federal actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado y poder satisfacer las necesidades de la gente”, enfatizó.
Acompañado por senadoras y senadores, líderes sociales y activistas que acudieron al Hotel Geneve, explicó que como parte de las investigaciones contra la corrupción que iniciaron desde el primer día de su gobierno, el pasado 20 de diciembre se dio a conocer la detención de Alejandro Gutiérrez, ex-secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Recordó que un Juez de Control le dictó a Gutiérrez auto de vinculación a proceso y decretó la prisión preventiva por el delito de peculado agravado por 250 millones de pesos, por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales que nunca se realizaron, y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas.
“A partir de dicho anuncio y ante el esfuerzo del combate a la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de Chihuahua, por el que ya hay 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, entre exfuncionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones, se le pretende imponer al pueblo de Chihuahua, insisto, ante este hecho, una represalia económica desde el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto”, indicó.
Señaló que con posterioridad a la detención de Alejandro Gutiérrez se adujeron primero razones de disponibilidad financiera, siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos, esto es, sólo para el Estado de Chihuahua no hubo disponibilidad de fondos.
Javier Corral dijo que eso provocó un enorme problema al Gobierno del Estado para el cumplimiento cabal de distintas obligaciones como el pago de salarios, aguinaldos y proveedores, entre otros.
El gobernador narró que conociendo la buena interlocución del coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero, con el secretario José Antonio González, le pidió establecer contacto con el funcionario federal para conocer los auténticos motivos del incumplimiento del convenio.
“González Anaya le dijo a Madero que se había caído la recaudación, y abro comillas: ‘nosotros también estamos teniendo problemas para el cierre’. Lo que no dijo el Secretario de Hacienda es que la supuesta baja en la recaudación sólo afectó a Chihuahua”, indicó el mandatario.
“Delante de mí, Madero preguntó directamente al Secretario de Hacienda, ‘A ver Pepe Toño, no se está mezclando en esto otra agenda’. El secretario contestó: ‘hay que platicar, hay que platicar’. Y de ahí se convino una reunión”, agregó Corral.
Explicó que la reunión se llevó a cabo el pasado viernes 4 de enero a las 6 de la tarde en el despacho del secretario ubicado en Palacio Nacional, con la presencia del secretario de Hacienda, José Antonio González; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos; del Procurador Fiscal Max Diener y de Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, además del Gobernador, estuvieron Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda.
“Ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos razón, por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios”, explicó el titular del Ejecutivo estatal.
Consideró que dicho argumento carece de asidero jurídico, ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados, es decir, no se combate la validez del convenio sino la ilegalidad del destino.
“Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya, que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no sólo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimar la equidad de la competencia electoral que es, nada menos, el principio fundamental de la competencia democrática de nuestro país”, enfatizó Javier Corral.
Dijo que el tema ahora es que la Justicia en Chihuahua ha vinculado a proceso a un alto funcionario de la dirigencia nacional del PRI cuyo ámbito de actuación también era nacional.
“Estamos conscientes que hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México, de la que toda la Nación habla, con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente”, indicó.
Recordó que en el esfuerzo de combate a la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de Chihuahua ya hay 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, considerando a exfuncionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones.
Agregó que existen 39 procesos penales iniciados y 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales, 10 de las cuales son contra el exgobernador César Duarte.
Explicó que se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión y se tienen 23 vinculaciones a proceso dictados por los jueces, así como 5 sentencias condenatorias.
“Que nadie venga a decirnos ahora que estamos enderezando investigaciones con fines electorales, o desde la estrategia de una campaña”, expresó.
Consideró que en su caso nadie se puede dar a la sorpresa ya que lo ofreció desde su toma de protesta como Gobernador, con las siguientes palabras: “El gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales. Transversal a partidos, poderes, niveles de gobierno. Desmantelar el sistema de corrupción, y parar la escalada de ilegitimidad del poder. Porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política”.
Dijo que parecería una ingenuidad asumir que las operaciones financieras que Alejandro Gutiérrez perpetró en Chihuahua no hayan sido replicadas en otros estados.
Sin embargo, indicó “eso no nos corresponde a nosotros investigar, ni siquiera podemos investigar el delito electoral, esto corresponde a la PGR, a la FEPADE, al Instituto Nacional Electoral, corresponde al Congreso Federal integrar comisiones de investigación”.
“Chihuahua –destacó– está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar, no vamos a negociar esta investigación, ni por 700, ni por todo el presupuesto de Chihuahua, porque a la larga todo México pierde”.
“¿O, a alguien le parece descabellado pensar que la reacción del Gobierno Federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción?”, añadió el mandatario de Chihuahua.
Recordó que en julio de 2016 el pueblo de Chihuahua se manifestó en forma inequívoca en contra de la corrupción, por lo que adelantó que su Gobierno no solamente no modificará esta línea, sino que avanzará en la investigación y documentación de casos como el referido, que dan cuenta del saqueo que llevó a cabo la administración de César Duarte Jáquez.
“De nueva cuenta hago un llamado respetuoso, pero enérgico, al Gobierno de la República para que dé curso a la solicitud de extradición con base a las diez órdenes de aprehensión que han sido giradas por distintos jueces del estado y hagamos del combate a la corrupción, en al ámbito de nuestras respectivas competencias, la tarea común que México nos reclama”, señaló Javier Corral.
En conferencia de prensa ofrecida posteriormente al mensaje, Javier Corral, aseveró que la respuesta de José Antonio González Anaya, es un intento directo de estrangular económicamente al Gobierno de Chihuahua.
Consideró que es un planteamiento literal gravísimo, pues confirma el uso de la SHCP como mecanismo de control político hacia los gobernadores, sobre todo con Chihuahua, por la investigación sobre corrupción e impunidad que sigue.
Puntualizó que las indagatorias nunca se han personalizado ni tiene fines político electorales, pues la facultad exclusiva de ampliar el universo de responsables es del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Además, expuso que el Ministerio Público informó hoy sobre el trámite que inició el viernes pasado el senador priista, Manlio Fabio Beltrones, ante el Juzgado 4º de Distrito en Materia de Amparo en Chihuahua frente a una posible orden de aprehensión, para no ser citado en la investigación y para acceder al expediente de la Operación Justicia para Chihuahua.
