CHIHUAHUA— Con votos en contra de diputadas del PRI y Panal, el Congreso del Estado solicitó una auditoría especial a los manejos financieros del 2016 de Aldama, Ahumada, Coyame y Ojinaga.
Todos esos municipios eran gobernados por miembros del PRI, por lo cual la legisladora por ese partido político, Rocío Gisel Sáenz, cuestionó el posible tinte y persecución política que se evidencia con esa petición.
El llamado se hizo este martes durante la sesión de la Diputación Permanente a petición del legislador panista Jesús Villarreal.
Enlistó una serie de acciones que a su criterio serían irregularidades, entre ellas venta de terrenos a amigos y familiares de funcionarios de esos municipios.
También dijo que hay diferencias entre el presupuesto programado y el ejercido, así como deudas por encima de lo reportado en octubre pasado por los alcaldes salientes a los entrantes.
