Los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México solicitaron a la Corte, mantener prisión preventiva oficiosa, ya que quitarla perjudicaría la seguridad y gobernabilidad.
Especìficamente, los mandatarios estatales, por medio de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presentaron un ‘amicus curiae’ (amigo de la Corte) en el que advierten sobre las consecuencias de la eliminaciòn de la priiòn preventiva oficiosa.
Es así que los gobernadores prefieren mantener la supremacía constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que afectar el derecho interno con el fin no sólo de impedir la vulneración de la Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de los mexicanos.
El pronunciamiento conjunto dice: «No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa».
La prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la prisión preventiva oficiosa violatoria de los derechos humano, son efectos vinculantes. Sin embargo, estas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución.
La Corte tiene previsto discutir la aplicación en el país de la prisión preventiva oficiosa; y en caso de eliminarla, los jueces o tribunales tendrían que revisar cada uno de los cass que se solicite, para determinar si las personas siguen presas o se aplica otra medida cautelar.
