Entre mil y mil 400 millones de pesos anuales se pierden por corrupción en los procesos de obra pública en el estado, lo que representa un 20% de los recursos presupuestales para este rubro, que ronda entre los 5 y 7 mil millones de pesos, siendo esta la base para que se tenga una iniciativa de una nueva ley de obras públicas para el estado, cuya batuta lleva el diputado del Distrito 19, Jesús Valenciano García, por ello ayer se efectuó un foro de consulta pública, al que acudieron autoridades, constructores, colegios de profesionistas, estudiantes, así como organismos empresariales y civiles.
De acuerdo a datos de la Cámara de la Industria de la Construcción en Chihuahua como en Juárez, la obra pública que hay en el estado ronda entre los cinco y los siete mil millones de pesos por año, en todos los niveles de gobierno, de los cuales se pierden cerca del 20% de los recursos en actos de corrupción (entre mil y mil 400 millones) y es por ello que se tiene la intención de eliminar este aspecto, manifestó el diputado Jesús Valenciano, quien impulsa la iniciativa para generar una nueva ley de obras públicas para el estado.
Valenciano García, dijo que junto al gobernador Corral, hay interés de modificar la ley para evitar esta corrupción, derivado de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que presiona a que se reforme la ley de obra pública, donde se maneja mucho dinero en concurso con empresarios, y también la ley de adquisiciones. De ahí que se hagan estos foros de consulta para ir viendo cosas elementales. Por ejemplo, mencionó que resulta que en los comités técnicos resolutivos de obra, en los que se licitan y adjudican las obras públicas, ya sean federales, estatales o municipales, los únicos que participan para dar fe y legalidad a estos, son puros funcionarios del gobierno, lo cual no debe pasar y debe ser más transparente, y dos partes importantes es que todo se suba a las páginas de transparencia y el hecho de que debe haber dos lugares, uno para algún representante especialista en el tema, que puede ser de un colegio de ingenieros o arquitectos, o la Cámara de la Industria, y otra parte como testigo social de la sociedad civil, que pueda tener voz y voto, e incluso interponer algún recurso de inconformidad, si se justifican, para echar abajo alguna licitación.
Otro punto importante, es que en los cambios de administraciones se pierden posibilidades de gestionar recursos de la federación, porque se pasa el presupuesto de egresos en los procesos de entrega y recepción, por lo que la ley de obra pública se pretende que contemple un grupo especializado y muy técnico que no pueda ser removido a la ligera, para que no se vaya la posibilidad de obtener estos recursos, y que este “staff” tenga listos los bancos de proyectos, que tengan junto a la sociedad civil las prioridades que se requieren en los municipios en inversión, y que cada año en octubre, se pueda ayudar a los alcaldes y al mismo gobierno estatal en este tema, que por cierto pasó en los últimos trienios, perdiéndose la posibilidad de haber bajado entre mil y 2 mil millones de pesos más de la federación, de lo que se bajó.
No hay fecha límite para presentar este proyecto de ley, pero se quiere que en el mes de octubre esté lista la consulta y que se aproveche para el nuevo presupuesto de egresos para estado y municipios, que sea la base para que se ejerza el poder al órgano del Sistema Estatal Anticorrupción, pero que a la vez también trae muchas responsabilidades. En este foro de consulta que se desarrolló en el Museo del Desierto Chihuahuense, estuvieron la presidenta de la Comisión de Obra Pública del congreso, Carmen Rocío González; el representante del Consejo Ciudadano de Soporte Legislativo del diputado Valenciano, Gustavo Batista; Mario Ramírez en representación de la secretaria de Obras Públicas del Estado, Norma Ramírez Baca; Rodolfo Valenzuela del Consejo de Desarrollo Económico de Chihuahua, y a nivel local, Víctor Ramos; en representación de la Cámara de la Industria de la Construcción, Arnoldo Catillo, y los presidentes municipales de Delicias, Eliseo Compeán; y de Ojinaga Martín Sánchez. También se dieron cita varias síndicas de los municipios de la región, y los representantes de constructores y colegios de ingenieros para presentar sus propuestas.
