La presunta víctima aseguró que en julio de 2016, después de que la Patrulla Fronteriza la detuvo a ella y a su hermana mayor, un agente las llevó por separado a un cuarto, les pidió desnudarse y les hizo tocamientos indebidos en Presidio, Texas.
La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) ha resuelto uno de los casos que más polémicas ha enfrentado en los últimos años, una demanda alegando que uno de sus agentes abusó sexualmente de una migrante cuando ella tenía 17 años, dándole una compensación de 125,000 dólares a la presunta víctima, informó este martes el grupo que la representó legalmente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La presunta víctima, una guatemalteca solo identificada como J.I., cruzaba ilegalmente la frontera en 2016 con la intención de reunirse con su madre en California, pero terminó extraviada en el desierto texano en medio de la noche. Con ella iban su hermana mayor, Clarita, entonces de 19 años, y un niño. Los tres, desorientados y hambrientos, decidieron pedir ayuda a la Patrulla Fronteriza antes de que pasara algo peor.
Sin embargo, bajo el resguardo de un oficial de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) empezó la pesadilla de esta adolescente y de su hermana mayor, las cuales fueron vejadas por el uniformado, señala la querella que interpuso ACLU en una corte federal en el norte de California en marzo de 2018.
El agente fronterizo Fernando Saucedo III habría obligado a que J.I. se desnudara y le tocó los senos y la vagina, alega la querella, la cual menciona que también su hermana mayor fue agredida sexualmente por ese oficial.
“Nos complace que nuestra cliente reciba una compensación por el abuso emocional y físico que le infligió un agente de la Patrulla Fronteriza», dijo la abogada de ACLU desde su oficina en el norte de California, Angélica Salceda.
La ACLU mencionó que no está enterada si el agente acusado enfrentó una acción disciplinaria por este caso o si todavía es parte de la CBP.
Un vocero de la dependencia respondió a través de un breve comunicado enviado a Univision Noticias: “Nosotros no podemos comentar en asuntos relacionados a esta decisión judicial”.
J.I y su hermana Clarita viven ahora en el norte de California y han recibido terapia psicológica, según ACLU.
Menores abusados en la frontera
Las acusaciones de estas hermanas guatemaltecas son parte de 84 denuncias interpuestas entre enero de 2010 y julio de 2016 contra oficiales de la CBP que no pudieron ser corroboradas por falta de pruebas físicas, según determinó una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que revisó el grupo Freedom for Immigrants.
El inspector del DHS solo inició siete investigaciones contra agentes del CBP en ese período, pero en todas terminó creyendo la versión de los uniformados, según dicho reporte.
“Con demasiada frecuencia, los niños inmigrantes que buscan refugio de traumas y abusos en sus países de origen sufren un maltrato adicional a manos de la CBP. Estos oficiales no están por encima de la ley, y los abusos de poder no deben ser tolerados”, expresó Salceda, la abogada de ACLU, al anunciarse el acuerdo monetario a favor de J.I.
Las guatemaltecas Clarita, su hermana J.I. y un niño llegaron desorientados y hambrientos tras su paso por el desierto texano a una estación de la Patrulla Fronteriza en Presidio, en 2016. Ahí, según la acusación, ellas fueron abusadas sexualmente por un agente.
El uniformado habría llevado primero a Clarita a un pequeño cuarto en el cual le ordenó que se quitara la ropa y le tocó los pechos y la vagina. Luego fue el turno de J.I., a quien por la fuerza la llevó a una pequeña habitación que parecía ser un armario y bloqueó la puerta. «El oficial le ordenó a J.I. quitarse la ropa. Cuando ella se opuso, él insistió que era su trabajo buscar armas», relata la demanda.
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Una vez que la niña se desabotonó la blusa a regañadientes, el agente «se le acercó, le levantó el sostén y le tocó los senos», agrega el documento. No conforme, le pidió que se bajara los pantalones, unos leggins y finalmente la ropa interior. Al tenerla completamente desnuda, el oficial «tocó a J.I. entre sus piernas».
Después, le ordenó que se diera la vuelta y que se agachara. «Solo después de que ella había cumplido con esa instrucción le permitió a J.I. ponerse su ropa interior y sus pantalones».
Las hermanas aseguran en su testimonio que tras el ataque lloraron tanto que el agente les pidió que se calmaran y les ofreció comida, una cobija e incluso procesar a Clarita como menor a cambio de que no le contaran nada a nadie. Ellas pasaron tres días detenidas y reportaron lo sucedido.
El informe sobre esta investigación señala que el agente en cuestión negó las acusaciones, incluyendo que tocó los genitales de las hermanas guatemaltecas. El oficial insistió que solo les tomó las huellas dactilares antes de escoltarlas a su celda. No obstante, en tres interrogatorios “parecía nervioso y distante” y “tenía que revisar constantemente la declaración preparada”, señala el informe.
