La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había dado 72 horas a la embajadora mexicana y a dos funcionarios y varios policías españoles para abandonar el país.
Las autoridades de Bolivia, que se hicieron con el poder tras la dimisión del presidente Evo Morales, han escalado este lunes un nuevo peldaño en la crisis con España y México y han declarado personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández; a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado; y a un grupo de policías españoles, a los que han dado 72 horas para abandonar el país.
El Ejecutivo español, que hasta ahora había mantenido una actitud de suma cautela, ha decidido responder «en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia» con la expulsión de tres funcionarios de su Embajada en Madrid, que también deberán salir de España en 72 horas. Se trata del encargado de negocios, Luis Quispe Condori; del agregado militar, Marcelo Vargas Barral; y del policial, Orso Fernando Oblitas Siles.
En cambio, el Gobierno mexicano no responderá de momento con medidas recíprocas a La Paz. Altos cargos de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron a EL PAÍS que esperarán antes de decidir próximas acciones, con el objetivo de proteger a los más de 10.000 mexicanos que viven en Bolivia. Las naciones no rompen relaciones y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la mantendrá a nivel de una Encargada de Negocios, el mismo tratamiento diplomático que México mantiene con Venezuela. La cancillería ha pedido el retorno al país de la embajadora María Teresa Mercad con el fin “de resguardar su seguridad e integridad”.
El Gobierno español difundió este lunes un comunicado en el que «rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España», subraya, «cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias. España exige que el actual Gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación», agrega.
Previamente, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había justificado la expulsión alegando que «este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia». En una comparecencia en el palacio de Gobierno de La Paz, Áñez anunció que había decidido «declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntos diplomáticos encapuchados y armados. La conducta hostil [de estos funcionarios] intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y [a] los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar», subrayó.
Áñez aludía al incidente que se produjo el pasado viernes en la entrada de la Embajada de México en La Paz, a la que acudieron la encargada de negocios y el cónsul español, escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, por invitación de la embajadora mexicana. Cuando los agentes españoles se disponían a recoger a los dos funcionarios de Exteriores, los policías bolivianos que mantienen rodeada la Embajada mexicana les impidieron el paso y un grupo de civiles comenzó a increparles y a golpear y zarandear sus vehículos, con matrícula diplomática. Al advertir que los estaban grabando y fotografiando, los geos se cubrieron el rostro para evitar ser identificados.
Las autoridades de La Paz dieron pábulo a la teoría de que la presencia de los policías españoles respondía al objetivo de sacar clandestinamente de la legación diplomática mexicana a la decena de ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se encuentran allí refugiados y, en especial, al exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado de terrorismo y sedición.
España reaccionó inicialmente con sorpresa ante el incidente diplomático. Ni el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, encargada interinamente de la cartera de Exteriores, conocían la visita de los dos diplomáticos españoles a la Embajada de México en La Paz. Se enteraron cuando llegó a Madrid la noticia que los geos estaban siendo acosados por policías y civiles mientras que los dos funcionarios españoles no podían salir de la legación mexicana. Su reacción inicial fue emitir una escueta nota, ya en la madrugada del sábado, en la que se anunciaba la apertura de una «investigación» interna sobre lo sucedido.
Solo horas después, cuando fue tomando cuerpo en Bolivia la acusación de que la embajada española estaba implicada en una supuesta operación clandestina, Exteriores difundió un nuevo comunicado en el que aclaraba que la visita de los dos diplomáticos a la legación mexicana «era exclusivamente de cortesía» y negaba «rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias».
La aclaración no pareció convencer a las autoridades bolivianas. Fuentes gubernamentales españolas atribuyen la escalada a una «sobreactuación» interesada del Gobierno de Áñez, que está utilizando el incidente para buscar el respaldo de la población envolviéndose en la bandera nacionalista frente a un supuesto «colonialismo español». La presidenta interina, que ostentaba la segunda vicepresidencia del Senado, se hizo con el poder el pasado 10 de noviembre, tras la dimisión del presidente Evo Morales por la falta de respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas y ante las graves sospechas de fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. La UE apoyó inicialmente la «solución institucional» que representaba Áñez ante el vacío de poder, pero con el compromiso de ir a unas elecciones que aún no se han convocado.
Los policías españoles cuya expulsión ha decretado ahora el Gobierno boliviano llegaron a La Paz el 14 de noviembre, cuatro días después de la dimisión de Morales y en medio de unas protestas que dejaron un saldo de 29 muertos. Estaba previsto que los agentes regresaran a España el pasado sábado, pero el incidente del día anterior ante la Embajada mexicana llevó a Interior a aplazar su vuelta.
La propia canciller boliviana, Karen Longaric, ha reconocido que Robles le llamó para explicarle que desconocía la visita de los funcionarios españoles a la sede diplomática mexicana y que desautorizaba su iniciativa. «Me ha indicado que, además de la sorpresa que han tenido, están disgustados y lamenta que hubiese ocurrido», declaró al diario boliviano Los Tiempos.
Longaric insistió en que la expulsión de los funcionarios no supone la ruptura de relaciones diplomáticas con España o México. De momento, la Embajada de España en La Paz se quedará sin ningún diplomático, mientras que al frente de la de México estará el encargado de Negocios, el mismo nivel que mantiene con Venezuela. La cancillería ha organizado el inmeidato retorno de su embajadora María Teresa Mercado, a la que el Gobierno de La Paz ha dado 72 horas para abandonar el país, con el fin «de resguardar su seguridad e integridad».
Fuentes gubernamentales admiten que fue un error aceptar la invitación de la embajadora mexicana, como gesto de solidaridad ante el «asedio» al que su legación está sometida desde que el Gobierno de López Obrador acogió al expresidente Evo Morales y dio asilo a algunos de sus principales excolaboradores en su Embajada en La Paz. Pocos días antes del incidente, México se había quejado de la «presencia excesiva» de personal de inteligencia y seguridad ante sus sedes diplomáticas y había amenazado con denunciar este «hostigamiento» ante la Corte Internacional de Justicia. Incluso ha acusado a las autoridades bolivianas de usar drones para espiarle.
La encargada de Negocios fue autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para aceptar la invitación, pero ni la decisión se consultó a la ministra Robles ni tampoco se valoró que tanto Bolivia como México podían tener interés en implicar a España en un conflicto del que hasta ese momento habían sido únicas protagonistas.
