Las entidades que rechazaron al Insabi y al IMSS-Bienestar superan en nueve de 15 indicadores a los estados alineados con el gobierno federal.
El abuso en el consumo de la Cuarta Transformación puede ser nocivo para la salud.
El Sol de México comparó la evolución que han tenido en los últimos cinco años los 15 principales indicadores de salud, y resultó que los ocho estados que no se afiliaron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ni al IMSS-Bienestar, tienen mejores resultados en nueve reactivos.
En cambio, las 24 entidades que sí adoptaron los lineamientos sanitarios de la 4T reportan mejor desempeño en seis indicadores. Es decir, haberse adherido al esquema lanzado en 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a las personas sin seguridad social ha redundado en menores logros para la salud pública en general.
Desde 2019, cuando el gobierno federal comenzó a maquinar la desaparición del Seguro Popular —programa diseñado desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) para atender a personas sin seguridad social—, los gobiernos estatales de oposición se rehusaron a afiliarse al Insabi y aplicaron sus propias estrategias para dar servicios médicos a las capas más pobres del país.
En cambio, los gobiernos emanados de Morena y partidos aliados, sí se adhirieron al efímero instituto que surgió en enero de 2020 y fue sepultado en 2023, luego de que resultaran insuperables problemas como falta de reglas de operación claras, desajustes presupuestales, improvisación para ponerlo en marcha y centralización de los recursos.
A cinco años de la desaparición del Seguro Popular y de la instrumentación de dos políticas públicas (Insabi/IMSS-Bienestar) que buscan atender a la población no derechohabiente, El Sol de México comparó el desempeño que han tenido los dos bandos en que quedó dividido el país tras la llegada de la Cuarta Transformación: los no afiliados y los afiliados.
En la esquina detractora están cuatro gobiernos panistas (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro), dos priistas (Durango y Coahuila) y dos de Movimiento Ciudadano (Jalisco y Nuevo León). En el grupo oficialista están las restantes 24 demarcaciones.
Los ocho gobiernos disidentes tuvieron un mejor desempeño en: Monto asignado a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Presupuesto para Salud Pública Mortalidad general Vacunación infantil Número de consultas externas Número de consultas de especialidad Carencia de acceso a servicios de salud Carencia de acceso a seguridad social Gasto de bolsillo en salud
En contraste, los 24 estados gobernados por Morena y aliados (en 2021 eran 18 y el resto se fue sumando en elecciones subsecuentes) obtuvieron mejores resultados en: Mortalidad materna Mortalidad infantil Número de médicos Presencia de enfermeras Existencia de camas Disponibilidad de consultorios
“La primera consecuencia de esta división en bloques adherente y no adherentes es que obstruye la promesa de contar con un sistema universal de salud”, dijo Judith Senyacen Méndez, directiva Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y experta en análisis de políticas públicas en salud.
“Esta división que existe en el país me parece que es un llamado de atención de las entidades que han invertido mucho más en sus sistemas estatales. Tal es el caso, por ejemplo, de Guanajuato o de Jalisco, que están rechazando la manera en que se está implementando IMSS-Bienestar y están invirtiendo más en sus sistemas de salud y que no quieren perder los avances que han logrado”, añadió la especialista.
