Será el ministro Alberto Pérez Dayán quien analice las inconformidades y elabore el proyecto de sentencia a discutir.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad contra el decreto por el cual se declararon proyectos de infraestructura como de seguridad nacional y otorgó su administración a las Fuerzas Armadas.
Las impugnaciones 112/2023 y 216/2023 fueron promovidas por senadores y diputados de oposición.
Será el ministro Alberto Pérez Dayán quien analice las inconformidades y elabore el proyecto de sentencia a discutir.
Cabe destacar que en mayo pasado la SCJN declaró la invalidez total del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que declaraba todas las obras prioritarias como de seguridad nacional e interés público.
Se determinó que la invalidez tiene efectos generales y no solo los de competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Los ministros Norma Piña, Juan Luis Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de la invalidez total del decretazo, por lo que ninguna dependencia podrá invocarlo.
El pasado 18 de mayo, la SCJN declaró inconstitucional el decreto del presidente López Obrador, que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.
La resolución, que se aprobó por una mayoría de ocho ministros de 11, devino de una controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Con este fallo, se quita el blindaje contra amparos y solicitudes de información que había emitido el mandatario mexicano en noviembre de 2021 para sus mega proyectos definidos como “prioritarios y estratégicos”.
Entre ellos están los más polémicos, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, en el sureste mexicano, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para la capital del país.
El decreto presidencial, firmado por López Obrador, sostenía que su publicación permitía continuar “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social”.
Con información de Excélsior y López-Dóriga Digital
