CIUDAD DE MEXICO.-Defensa. Piden la intervención de la CNDH los ocho elementos recluidos en un penal militar de Mazatlán, acusados de acciones ilegales durante los operativos conjuntos en la época calderonista en Ojinaga, Chihuahua. El caso estuvo tres años en el fuero militar y, tras un amparo de la Corte, se trasladó al civil
Ocho elementos del Ejército recluidos en el penal militar número 5 de Mazatlán, Sinaloa, por diversos delitos durante operaciones contra el crimen organizado piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, como lo hace donde los acusados no son militares, revise su situación, en la que la prisión preventiva, sin sentencia, se ha prolongado en algunos casos por más de 11 años.
Son militares a los que se les acusó de acciones ilegales durante uno de los llamados operativos conjuntos de la administración Calderón, cuyos procesos son todo menos una justicia expedita y con oportunidades para defenderse.
De la CNDH, señalan que en 2011 acreditó la existencia de tortura contra uno de los militares acusados, que incluso el organismo responde a sus peticiones alegando que existen cargos de delincuencia organizada que no están en expediente y deben exigir que se hagan actas circunstanciadas de los encuentros entre abogados y funcionarios bajo el mando del ombudsman, ya que, en general, la atención que les brindan es poca.
Hace siete años interpusieron una queja ante el organismo por actos de tortura en su contra cometidos por la Policía Militar; como respuesta obtuvieron en 2011 la visita a la prisión del segundo visitador. De las conclusiones no se desprendió ninguna acción de la CNDH. La última misiva, de la que Crónica tiene copia, se entregó el pasado 20 de febrero.
En un entorno donde la Ley de Seguridad Interior se plantea para dar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores civiles de seguridad pública, Crónica presenta estos casos en los que incluso militares llaman al ombudsman a ser parejo al momento de defender el debido proceso.
LOS MILITARES CAÍDOS. Entre los militares en esta situación se encuentran el mayor Alejandro Rojas Cobón; el sargento Alberto Alvarado Vázquez, y el cabo Gabriel Roque Bernardino, quienes formaron parte del llamado “Pelotón de la Muerte” de Ojinaga, Chihuahua, al mando del entonces comandante de guarnición, el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, preso bajo acusaciones de ordenar abusos contra la población.
Se trata de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), acusada de siete homicidios, tortura y robo entre 2008 y 2009 en dicho municipio fronterizo con Texas en el marco de la operación conjunta Chihuahua contra el narcotráfico ordenada por el entonces presidente, Felipe Calderón.
Son parte de la leyenda negra de la llamada “Guerra contra el narco”. Lo que ellos piden es poder defenderse de las acusaciones o ser sentenciados ya, como lo exigiría una justicia expedita.
Treinta y un militares, entre ellos, el general Moreno Aviña; el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, ex comandante del “Pelotón de la Muerte”; el mayor Rodas Cobón, segundo comandante de dicho Batallón, 6 oficiales y 22 de tropa, fueron detenidos en 2009 por homicidio calificado, robo equiparado, allanamiento, acopio de armas y contra la salud.
El caso Ojinaga permaneció sólo tres años en el fuero militar, ya que los inculpados obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para trasladarlo al ámbito civil bajo el argumento de que los jueces civiles “actuarían con imparcialidad y no por consigna, como lo es en el fuero militar”.
Juzgar a militares en juzgados civiles es una de las peticiones centrales de muchos organismos ciudadanos de defensa de los derechos humanos. En el caso Ojinaga, así se hizo, pero la inoperancia de la justicia parece prevalecer.
Desde enero de 2012 el caso es desahogado en los juzgados Segundo y Décimo de Distrito radicados en la ciudad de Chihuahua.
Son tres homicidios de los que se les acusa entre otros al mayor Alejandro Rodas Cobón; al teniente de Infantería Gonzalo Arturo Huesca Isasi; al sargento Alberto Alvarado Vázquez, y al cabo Gabriel Roque Bernardino. Éste último padece esquizofrenia que se derivaría de la tortura a la que fue sometido.
Entre los asesinatos que se les imputan está el del jefe de Los Aztecas, brazo armado del cártel de Juárez, Essau Samaniego Rey, El Cholo.
Desde la única caseta telefónica de la prisión militar, el mayor de Infantería Rojas Cobón expresa su frustración porque su proceso está en estancamiento total. Advierte que no se callará y seguirá denunciando violaciones en su caso por parte de mandos militares que los torturaron e hicieron que se acusaran entre ellos.
“Prueba de ello es que me han reprogramado siete diligencias de manera consecutiva en donde he citado a testigos de descargo y ninguna se ha llevado a cabo”, relata a Crónica.
Desesperado, precisa que las ha solicitado desde 2015 y una de estas es la comparecencia del ex titular de la Sedena, Guillermo Galván, a quien señala de haber ordenado su retención ilegal mientras se investigaba lo sucedido en Ojinaga, lo cual se inició un año después de los supuestos hechos.
La juez décimo de Distrito de la causa penal, explica el militar, emitió una orden para citar al general, pero 15 días después fue removida y en su lugar llegó René Ramos Pérez, ex teniente de justicia militar, quien revocó la decisión para, asegura, proteger a Galván.
“Revocó la cita aduciendo que el general es servidor público de alto nivel de la Federación, sabemos que nada más los secretarios de Estado, magistrados, jueces federales, sin embargo, a él le dan ese tratamiento por el decreto de 1976 que señala que los ex secretarios de la Sedena serán asesores vitalicios de los actuales y él recibe un nombramiento del secretario actual”.
“Y por ese motivo salió en su defensa la Fiscalía de Justicia Militar”, sostiene.
Considera vital la comparecencia de Galván “porque ahí estoy acreditando mi retención ilegal, uno de los motivos de las irregularidades en la investigación y por ende en el debido proceso, son pruebas obtenidas en la ilegalidad”, refiere.
Su defensa apeló la decisión del juez Ramos Pérez, la cual se encuentra en proceso de definición.
Ante la omisión de la CNDH, el mayor originario de Chiapas acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le aceptó su queja y ahora se encuentra en estudio. “Me salté a la CNDH porque ellos vinieron en 2011, aplicaron el protocolo de Estambul y acreditaron que todos los militares teníamos señales de tortura, cometida durante el proceso de investigación, y la Comisión nunca emitió una recomendación a la Sedena por estos hechos”.
Y concluye: “Nos sentimos abandonados y nos acusan para no llevar a juicio a toda la cadena de mando de donde han venido las órdenes a los militares en lo que llaman la guerra contra el narco”.
Urge a que se le sentencie para continuar con su defensa. La prisión preventiva lo deja en la indefensión, sostiene.
Otros once elementos de tropa recuperaron su libertad después de permanecer de 3 a 5 años de prisión.
