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UN JUEZ PROHÍBE A ICE DETENER A MIGRANTES CUANDO REGULARIZAN SU ESTATUS MEDIANTE MATRIMONIO

Con la práctica del ‘anzuelo’, los agentes atrapaban a indocumentados que acudían a la entrevista para conseguir la residencia permanente por matrimonio con estadounidense, y aunque lograron pasar todas las pruebas.

Una corte de Maryland ha prohibido de manera preliminar, a falta de sentencia definitiva, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) arreste a migrantes indocumentados en proceso de regularizar su situación mediante el matrimonio con un cónyuge estadounidense.

Este caso fue dado a conocer en octubre por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), una organización sin fines de lucro que presta ayuda legal a seis familias de Maryland víctimas de una táctica de ICE.

Se trata de la acción denominada anzuelo: los indocumentados acuden a las oficinas migratorias para realizar la entrevista y trámites necesarios para regularizar su situación, pero aun pasando todas las pruebas, a continuación son detenidos por agentes de ICE para su deportación.

“La experiencia de las familias deja en claro que existe un patrón ilegal de engaños por parte del Departamento de Seguridad Nacional, en violación de las protecciones constitucionales y estatutarias establecidas para las familias inmigrantes que buscan un estatus legal”, ha denunciado ACLU.

Los indocumentados que ingresaron a Estados Unidos sin permiso o que tienen una orden de deportación pueden aplicar para regularizar su estatus mediante el matrimonio con un(a) estadounidense. Para ello, antes debían abandonar el país y en algunos casos esperar años antes de obtener una visa para reingresar al país, lo que implicaba una separación familiar.

En 2016, bajo la presidencia del demócrata Barack Obama, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) promulgó una regla que permitía a los inmigrantes aplicar a una excepción provisional previo a su salida de Estados Unidos, para así reducir a sólo semanas el tiempo de espera para la legalización de sus documentos.

Para recibir esa excepción, el inmigrante debe acudir a una entrevista. Y es en ese momento cuando ICE los detiene. Miles de familias recurren a esa excepción: los registros muestran que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración aprobaron 23,253 exenciones provisionales de presencia ilegal, que son los documentos finales que los cónyuges, hijos o padres de ciudadanos necesitan antes de abandonar el país y solicitar unirse a sus familias legalmente.

Fue lo que le ocurrió a Alyse y Elmer Sánchez Hernández. Ella es ciudadana estadounidense y él hondureño con un orden de deportación desde 2005. Se casaron en 2013 y en 2018 llenaron los formularios para legalizar el estatus del hombre.

Pese a que UCIS aprobó su petición, en mayo de 2019, al finalizar la entrevista ICE le arrestó y lo trasladó al centro de detención del condado de Frederick, en Maryland. Fue liberado de manera condicional a la espera de la resolución de la demanda presentada por ACLU, que el juez resolvió provisionalmente el pasado viernes.

“Esta es una victoria importante en este caso, una demanda colectiva presentada por seis familias que desafía la práctica de ICE de arrestar a las personas cuando se presentan a las entrevistas requeridas como parte del proceso de legalización, en violación de las propias regulaciones de ICE”, dijo ACLU en un comunicado.

“La orden protege a cualquier persona con entrevistas matrimoniales y ordena la liberación de cualquier persona bajo custodia de ICE que haya sido víctima de esta cruel práctica”, agrega la declaración.

“La detención de los peticionarios Sánchez Hernández les causó a ellos y a sus familias el daño emocional de estar separados y el daño económico de perder a los que generan los ingresos principales de las familias”, dijo el juez Hazel.

Un caso similar afectó a un matrimonio de origen chino. Wanrong Lin fue detenido después de su entrevista de matrimonio, y enviado en un avión de regreso a su país antes de que Hazel dictaminara que debía ser devuelto.

El juez señaló que las familias “tienen un derecho legítimo para completar el proceso de solicitud” y que una agencia no puede “simplemente ignorar las reglas que todavía están en los libros”.

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