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ESTADO.- El diputado Omar Baz√°n se√Īal√≥ que una cosa es que el gobierno estatal refuerce con alta tecnolog√≠a las tareas de seguridad p√ļblica y otra que la utilice para espionaje pol√≠tico, lo cual excede sus funciones constitucionales y es adem√°s violatorio a lo estipulado por diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Dijo que en d√≠as pasados trascendi√≥ que la Secretar√≠a de Seguridad P√ļblica Estatal habr√≠a cotizado la adquisici√≥n de diversos equipos de alta tecnolog√≠a para combatir el terror y el crimen, que inclu√≠a aplicaciones para la ‚Äúinvasi√≥n‚ÄĚ de cuentas personales de redes sociales y tel√©fonos celulares.

Si bien el propio titular de la dependencia neg√≥ en su momento tales prop√≥sitos, se√Īal√≥ el legislador priista, ‚Äúestaremos muy atentos de que no se vaya a realizar una compra disfrazada‚ÄĚ.

Es por ello que el también dirigente estatal del PRI, presentó una iniciativa para que el Congreso exhorte al Ejecutivo estatal se abstenga de adquirir equipo tecnológico hasta en tanto existan lineamientos específicos para su utilización.

Baz√°n Flores se√Īal√≥ que la Ley de Seguridad Nacional es muy precisa en cuanto a la intervenci√≥n de las comunicaciones y establece, en su art√≠culo 30, que: ‚ÄúLa informaci√≥n s√≥lo podr√° ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Seguridad Nacional por las instancias autorizadas.

Además, el 34 precisa que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Centro deberá solicitar en los términos y supuestos previstos por la presente Ley, autorización judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas en materia de Seguridad Nacional. Se entiende por intervención de comunicaciones la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología.

El art√≠culo 42 se√Īala que los datos que se obtengan de las actividades autorizadas mediante resoluci√≥n judicial, ser√° informaci√≥n reservada que s√≥lo podr√° conocer el Director General del Centro, las personas que designe el Consejo y los jueces federales competentes.

El art√≠culo 64 advierte ‚Äúque en ning√ļn caso se divulgar√° informaci√≥n reservada que, a pesar de no tener vinculaci√≥n con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales.‚ÄĚ

Queda claro que el gobierno estatal no es competente para realizar intervenciones de esta naturaleza, estaría violando flagrantemente la Ley, advirtió el diputado Omar Bazán.

Además, enfatizó, atentaría contra lo dispuesto en diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos, el derecho a la intimidad y a la libre expresión de las ideas.

Para muestra, dijo el legislador priista, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

1) nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación;

2) Toda persona tiene derecho a la protecci√≥n de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

En todo caso, concluy√≥ Omar Baz√°n, los Estados deben promover leyes que penalicen la vigilancia ilegal de las comunicaciones por parte de actores p√ļblicos o privados.

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