DOS PROGRAMAS PILOTO PARA DEPORTAR MÁS RÁPIDO PROVOCARON GRAVES ABUSOS CONTRA INMIGRANTES, SEGÚN UN INFORME OFICIAL

WASHINGTON. — Antes de suspender dos programas piloto para la deportación de solicitantes de asilo debido a la pandemia del coronavirus, la Administración que preside Donald Trump continuó la detención prolongada de migrantes, mezcló en una misma celda a niñas y jóvenes con hombres mayores sin vínculos familiares, y denegó un alto porcentaje de solicitudes de protección.

Así lo indica un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), que destacó prácticas en centros de detención de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras que pusieron en riesgo el bienestar de los migrantes, incluyendo la falta de acceso a un abogado.

Un borrador del informe, adelantado a BuzzFeed News, detalló los problemas de sendos programas piloto establecidos en otoño de 2019 para agilizar la deportación de solicitantes de asilo de México y Centroamérica.

Los dos programas, el llamado Proceso de Revisión de Asilo Humanitario (HARP, en inglés), y el de Revisión Rápida de Reclamo de Asilo (PACR, en inglés), forman parte de los esfuerzos de la Administración por agilizar la revisión de casos de asilo en la frontera sur, y deportar lo más pronto posible a la mayoría de solicitantes.

Ambos programas fueron suspendidos debido a la pandemia, que sirve en cualquier caso al Gobierno federal para frenar el paso a casi todos los solicitantes de asilo en la frontera sur, incluyendo menores de edad. La Administración, de hecho, puede reactivarlos cuando lo crea conveniente.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron órdenes que permiten la deportación de solicitantes de asilo a México o a sus países de origen sin el debido proceso. La Administración Trump adoptó esta práctica con la idea de presuntamente frenar la propagación del coronavirus.

Consultado por Noticias Telemundo, el DHS aún no ha reaccionado a la filtración del nuevo informe, elaborado por la Oficina del Inspector General del departamento y centrado en el área de El Paso (Texas).

El documento destacó numerosos problemas en el área, entre ellos la detención de familias migrantes por más de una semana, por encima así de las 72 horas permitidas bajo las normas de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés).

En ocasiones, los agentes de la CBP contrariaron sus propias políticas de detención al mezclar en una misma celda a distintas familias, de tal manera que niñas y jóvenes compartieron espacio con jóvenes y hombres mayores sin vínculos familiares.

En una celda del centro de procesamiento de migrantes en El Paso, dos jóvenes de 14 años compartieron celda con nueve hombres que no eran miembros de su familia, según el informe.

Tampoco hubo garantía de privacidad: los urinarios apenas tenían tabiques de baja estatura, y las madres con bebés no tenían espacio apartado para amamantarlos. La CBP colocó a guardias de seguridad para vigilar a los detenidos y así evitar problemas.

La CBP sí intentó crear espacios de juego para los niños encerrados, con coloridas colchonetas de plástico y juguetes, y el revestimiento de los postes de cemento para proteger a los menores.

Pero los centros de detención de la CBP están pensados para el procesamiento rápido de los migrantes, y son distintos a los de detención de familias a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que sí tienen patios de recreo, espacio para ejercicio y deporte, y acceso a consejería legal, indicó el informe.

Siguiendo la pauta de la Administración Trump -que siempre ha querido disuadir la emigración ilegal desde Centroamérica-, los dos programas pilotos redujeron significativamente el número de solicitudes de asilo aprobadas: sólo el 19% bajo el de PACR, y el 29% para el de HARP.

Son, por lo demás, porcentajes muy inferiores al número de solicitudes de asilo que normalmente aprueba el gobierno en la etapa inicial del proceso.

Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 -antes de la puesta en marcha de los programas piloto-, el 74% de los migrantes pasó la prueba inicial en la revisión de sus casos de asilo, según un análisis de datos oficiales de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

El informe señaló además que la CBP no evaluó adecuadamente el éxito de los programas piloto y eso debe a que la agencia no definió metas ni tampoco desarrolló un método fiable para medir su eficacia.

La Oficina del Inspector General tiene previsto evaluar la situación de los demás centros de detención en la frontera sur en el futuro, aunque no precisó fechas.

Denuncian más ataques contra solicitantes de asilo

En declaraciones a Noticias Telemundo, Kate Huddleston, abogada de la ACLU en Texas, afirmó este lunes que, a su juicio, los dos programas piloto son otro ejemplo del “exitoso ataque de la Administración Trump contra solicitantes de asilo”, que afrontan “condiciones horribles” y no tienen acceso a abogados para preparar adecuadamente sus casos.

“Estamos horrorizados por el pequeño porcentaje de personas detenidas que pudieron pasar la fase inicial de su solicitud de asilo. Eso del 19% para PACR y del 29% para HARP está muy por debajo del porcentaje normal para quienes logran establecer que pueden permanecer en EEUU mientras solicitan protección”, señaló Huddleston.

“Aunque no sorprende, es alarmante, a la luz de las condiciones en los centros de detención descritas en este informe y la falta de acceso a abogados, que muchos solicitantes de asilo hayan sido rechazados”, agregó, “nos horroriza que, en vez de encontrar protección de la violencia o la muerte, muchos fueron deportados al peligro”.

Huddleston afirmó que las celdas de la CBP no son lugar para solicitantes de asilo, en particular las familias, que necesitan prepararse adecuadamente para entrevistas en las que deben demostrar “miedo creíble” a la persecución si son deportados a sus países de origen.

En la actualidad, ACLU lidera una demanda colectiva, entablada por varios grupos cívicos, contra la deportación de niños no acompañados durante la pandemia del COVID-19, y es una de más de 160 acciones legales contra diversas políticas de la Administración Trump.