DARA TEXAS 10 AÑOS DE CARCEL A POLLEROS

Entra en vigor ley que endurece sanción por traficar humanos o mantenerlos en casas de seguridad.

Una ley estatal que aumentaría la sentencia mínima de dos años a 10 años para las personas condenadas por contrabando de inmigrantes u operar una casa de seguridad, entró en vigencia ayer martes.

La ley fue aprobada por la Legislatura del estado el año pasado durante su tercera sesión extraordinaria.

El gobernador Greg Abbott firmó el Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4) en diciembre. Durante la ceremonia de firma en Brownsville, Abbott dijo que Texas necesita defenderse de los cárteles de drogas, culpando a las políticas de inmigración de la administración demócrata del presidente Joe Biden.

“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas para que se defienda por sí mismo”, dijo Abbott el 18 de diciembre.

Desde 2021, Abbott ha asignado más de 10 mil millones de dólares bajo la bandera de la Operación Estrella Solitaria para disuadir a las personas de cruzar ilegalmente la frontera hacia Texas. Durante las sesiones legislativas del año pasado, el gobernador instó a los legisladores a aprobar una serie de leyes relacionadas con la inmigración.

El martes, defensores de los derechos de los inmigrantes hablaron en contra de la nueva ley, diciendo que aumentar las sentencias por contrabando de personas sólo aumentará la población carcelaria sin disuadir el delito.

“Este aumento en la vigilancia y la criminalización va a agravar aún más el hacinamiento en nuestras cárceles”, dijo David Stout, comisionado del Condado de El Paso, quien se unió a los defensores de los derechos de los inmigrantes durante la conferencia de prensa. “Todo esto se basa en la gran mentira de que tenemos fronteras abiertas. El gobernador Abbott ha utilizado esta mentira para justificar el gasto de miles de millones de dólares en los últimos años”.

Alan Lizárraga, gerente de comunicaciones de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo que el Estado ha militarizado innecesariamente la frontera entre Texas y México para interceptar a inmigrantes que, según él, no son peligrosos.

“Si tomaras una foto de la frontera hoy, en un lado encontrarías a una familia, mujeres, niños buscando seguridad, refugio, una oportunidad para una vida mejor”, dijo Lizárraga. “Y en el otro lado, encontrarías un muro fronterizo, con millas y millas de alambre de púas, vehículos militares, policías estatales y soldados de la Guardia Nacional con armas”.

SB 4 fue uno de los tres proyectos de ley de alto perfil relacionados con la inmigración que los legisladores aprobaron el año pasado y que el gobernador firmó en diciembre.

El Proyecto de Ley del Senado 3 destina 1.54 mil millones de dólares en fondos estatales para continuar la construcción de barreras a lo largo de las 1,200 millas de la frontera entre Texas y México, y permite al estado gastar hasta 40 millones de dólares para que los policías estatales patrullen Colony Ridge, un desarrollo de viviendas cerca de Houston que publicaciones de extrema derecha afirman que atrae a inmigrantes indocumentados.

El dinero se sumaría a al menos 1.5 mil millones de dólares en contratos que el Estado ha emitido desde septiembre de 2021 para construir alrededor de 40 millas de barrera fronteriza. Hasta agosto, Texas había erigido 16 millas de barreras de bolardos de acero en los condados de Starr, Cameron, Val Verde y Webb.

Un Proyecto de Ley del Senado 4 diferente, éste aprobado por los legisladores durante la cuarta sesión extraordinaria del año pasado, crea un delito estatal por cruzar ilegalmente la frontera desde México. La ley ha puesto a Texas en un curso legal de colisión con el Gobierno federal, que tiene jurisdicción exclusiva para hacer cumplir las leyes de inmigración, según la ley federal, que ha sido respaldada por decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El nuevo delito estatal es un delito menor de Clase B con una pena de hasta seis meses de cárcel. Los reincidentes podrían enfrentar un delito grave de segundo grado con una pena de dos a 20 años de prisión.

La ley permite a un juez retirar los cargos si un migrante acepta regresar a México.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Condado de El Paso y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han demandado a Texas para intentar detener que la ley entre en vigencia. Hasta ahora, está programada para entrar en vigor el 5 de marzo.

Uriel J. García/The Texas Tribune